El PSOE de Palencia ha anunciado a los trabajadores de la empresa pública “Tragsa” que en los próximos días se registrarán diversas iniciativas tanto en el Congreso como en el Senado para que el Gobierno de España ofrezca explicaciones sobre los motivos y criterios que se han utilizado para proceder al despido de cada uno de los siete trabajadores afectados en la provincia de Palencia.

Asimismo, la diputada, Mª Luz Martínez Seijo, y la senadora, Rosa Aldea, preguntarán sobre el personal que se prevé contratar y con qué tipos de contratos  para ejecutar la realización de los encargos de obras y servicios previstos que necesita la administración en la provincia de Palencia.

El anuncio se ha producido en el transcurso de la reunión mantenida entre el PSOE palentino y los trabajadores despedidos. En el encuentro ha estado también presente la secretaria provincial y portavoz socialista en el Ayuntamiento de la capital, Miriam Andrés, que ha recordado al alcalde, Alfonso Polanco el compromiso adquirido y aún no cumplido de mantener en el consistorio una reunión con los trabajadores, en la que también estarían presentes el resto de grupos políticos con representación municipal.

A lo largo de la reunión se ha evidenciado el despilfarro de dinero público que ha existido en la empresa en estos últimos años de Gobierno del PP con un exceso de directivos, con el reparto desmedido de beneficios por objetivos entre la cúpula -a pesar de argumentar pérdidas para ejecutar el ERE-, así como gastos suntuosos de todo tipo. Por este motivo, desde el PSOE también se preguntará por los sueldos públicos de la cúpula directiva de “Tragsa” y los criterios utilizados para incentivar económicamente a la mayor parte de ellos.

La empresa de Transformación Agraria, S.A. (TRAGSA) se fundó en 1977, para la ejecución de obras y servicios de desarrollo rural, conservación medioambiental y actuaciones de emergencia. Ésta es la empresa matriz del Grupo TRAGSA que posteriormente creó en 1989 su primera filial, Tecnología y Servicios Agrarios, S.A. (TRAGSATEC), para la realización de proyectos de consultoría e ingeniería.

La distribución nacional de la compañía, que cuenta con delegaciones en todas las provincias de las 17 comunidades autónomas españolas, le permite responder, como medio propio, con rapidez y eficacia ante cualquier requerimiento urgente de la administración central, autonómica o local.

En la Comunidad de Castilla y León la empresa TRAGSA ha ejecutado y ejecuta proyectos e infraestructuras rurales, agrarias, medioambientales y forestales, así como también acciones vinculadas a la rehabilitación de edificios de las administraciones, o trabajos para paliar situaciones de emergencia debidamente declaradas.

Los problemas en esta empresa llegaron con los años duros de la crisis económica y la caída brutal en la obra pública, lo que provocó el desplome del margen en la cuenta de resultados. En septiembre de 2013 las direcciones de TRAGSA y TRAGSATEC comenzaron a negociar un Procedimiento de Despido Colectivo (PDC), alegando entre otras las causas económicas por una caída significativa de ingresos durante más de tres trimestres, y que la reforma laboral del 2012 justificaría un despido colectivo. El proceso acabó sin pacto con la representación de los trabajadores el 29 de noviembre y la .empresa siguió adelante con el despido colectivo de 1.336 empleados con una indemnización de 20 días por año y tope de una anualidad. La Audiencia Nacional, en abril de 2014, anuló el PDC por tres causas, entre ellas la falta de criterios objetivos para la selección de los 726 afectados de TRAGSA y los 610 de TRAGSATEC, reingresando de nuevo los trabajadores que ya habían sido despedidos.

Ante el recurso presentado por la empresa, el pasado 26 de noviembre el Tribunal Supremo publicó su sentencia declarando el PDC de TRAGSA ajustado a derecho, posibilitando con ello el despido de hasta 1.336 trabajadores, de los que hay señalados en la Comunidad 181 empleados (en Palencia y provincia 18), repartidos entre TRAGSA y TRAGSATEC en las distintas ubicaciones que tiene el Grupo en sus distintas sedes de la misma.

Los trabajadores han demostrado su voluntad negociadora y su disposición para alcanzar un acuerdo justo mediante el que se eviten los despidos y se cubran las pérdidas evitando utilizar los fondos del Estado, recurriendo a las reservas voluntarias ya acumuladas. Ante esta situación parece lógico pensar que al igual que se pedía un esfuerzo a la plantilla, hubiera sido necesario la reestructuración de la estructura directiva y los cargos ajenos a las necesidades de producción. Pero por el contrario durante estos años de manifiesta dificultad se ha seguido abonando las primas por objetivos con cifras astronómicas a mandos y directivos.