El Pleno del Ayuntamiento de Palencia tramitará en su convocatoria de hoy un total de 1.256 expedientes sancionadores por los que se tiene prevista una recaudación de 148.000 euros. Desde el PSOE se califica esta actuación como un desmedido afán recaudatorio del Partido Popular que llevará al consistorio a ingresar en sus arcas más de un millón de euros en este concepto tanto en el cómputo global del pasado año como en el año en curso.

Los socialistas consideran que esta “asfixia ciudadana” no redundará en una mejora de la seguridad vial y conllevará unos ingresos extrapresupuestarios de los que se desconoce su destino final ya que el PP se negó a recogerlos y cuantificarlos en el documento de presupuestos del actual ejercicio económico.

Este desmedido afán recaudatorio se verá notablemente incrementado a partir del 1 de Febrero con la posibilidad, aprobada desde el Partido Popular, de que no se necesite la ratificación policial para hacer efectivas las multas de la ORA. Esta decisión ha causado un fuerte malestar entre la ciudadanía ya que puede llegar a vulnerar el principio de legalidad y provocará un claro acoso hacia todos los palentinos usuarios de este servicio.

Desde el PSOE se recuerda que el Procurador del Común, atendiendo a la queja presentada por el Grupo Municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Palencia, ha iniciado las investigaciones pertinentes respecto a las denuncias de los controladores de la ORA que no son ratificadas por los agentes de la Policía Local.

El motivo se basa en que los controladores del Servicio Público del Estacionamiento Limitado de Vehículos (ORA), los sábados por la mañana, tramitan las denuncias iniciales sin ser ratificadas con posterioridad por la Policía Local, ampliándose esta forma de proceder a partir del mes Febrero a todas las denuncias cursadas a lo largo de la semana durante el tiempo que funcione la ORA.

El Grupo Socialista considera que las denuncias de los controladores de la ORA que no sean ratificadas por los agentes de la Policía Local son nulas de pleno derecho, por no ajustarse a la normativa vigente y a los criterios jurisprudenciales existentes.

La tesis que se mantiene desde el Grupo Socialista, en defensa del principio de legalidad y del derecho a la presunción de inocencia que contempla el artículo 24 de la Constitución, se centra en que las denuncias efectuadas por los controladores en zonas de aparcamiento limitado, al no ostentar el carácter de agentes de la autoridad, se reducen a meros testimonios, es decir, denuncias voluntarias que se formulan por cualquier persona que tenga conocimiento directo de los hechos denunciados; los cuales, si no son ratificados por los agentes de la Policía Local, carecen de fuerza suficiente para acreditar dichos hechos.

Para los socialistas, esta forma de ejercer la potestad sancionadora puede violar flagrantemente el principio de legalidad y, señalan finalmente, puede vulnerar el derecho fundamental a la presunción de inocencia.