Los ciudadanos de la provincia de Palencia están viendo como desde este mes de junio se están eliminando muchos de los servicios ferroviarios que se prestaban en nuestras localidades tanto hacia Valladolid, como hacia Burgos, y ahora parece que también Santander y León. Es por ello que tanto el Grupo Municipal Socialista como Izquierda Unida en el Ayuntamiento de la capital consideran necesaria la adhesión del consistorio a la Plataforma Social en Defensa del Ferrocarril de la provincia de Palencia.

Ambas formaciones recuerdan que el Ministerio de Fomento elaboró un estudio a finales del 2012 basándose en criterios de eficiencia global y sostenibilidad, para determinar aquellos servicios ferroviarios que no tendrán consideración de obligación de servicio público, Tal determinación se llevó a efecto por acuerdo del Consejo de Ministros del 28 de diciembre de 2012 por el que se declara los servicios ferroviarios de viajeros de media distancia competencia de la Administración General del Estado, prestados sobre la Red Convencional, que quedarán sometidos a obligación de servicio público (OSP). Según el mismo, aquellas líneas que tuvieran menos de un 15 % de aprovechamiento o carezcan de sensibilidades territoriales basadas en aspectos sociales o de cohesión territorial, no serían declaradas de OSP.

“No podemos aceptar -señala la moción- la reducción de servicios ferroviarios simplemente por el mero hecho de tener en cuenta criterios de rentabilidad económica y de baja afluencia de viajeros, cuando esta situación ha sido consecuencia directa del abandono del servicio ferroviario convencional en beneficio de la alta velocidad”.

Los datos de utilización de viajeros en los trenes que circulan por nuestro territorio, demuestran que los trenes regionales y de media distancia son utilizados por un gran número de personas que se desplazan por Palencia y toda Castilla y León. Estas personas tienen perfiles característicos en cuanto a los motivos por los que se desplazan: motivos laborales, de educación y asistencia a los centros de salud. Lo que demuestra que el Ministerio de Fomento tan solo quiere recortar con un objetivo económico y dejar vía libre a la privatización de un servicio público que beneficia a miles de personas que tan sólo tienen este medio de transporte en su localidad.

A la vista de todo ello, se exige también a la Junta de Castilla y León que trabaje por un acuerdo con el Gobierno Central y con RENFE para que garantice la adecuada comunicabilidad y vertebración de todas nuestras ciudades y pueblos dentro de un modelo de transporte público sostenible y adaptado a nuestras necesidades.