El Grupo Municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Palencia ha pedido al Equipo de Gobierno del Partido Popular que colabore con el Procurador del Común y remita la información que le ha sido requerida en relación a las sanciones de la ORA y que no ha facilitado hasta la fecha.

Según se informa desde la Oficina del Procurador del Común de Castilla y León, con fecha de 27 de marzo ha sido remitida al consistorio una nueva reclamación con la finalidad de investigar los hechos denunciados, ya que “con fecha 7 de diciembre de 2011 se dirigió comunicación al Excmo. Ayuntamiento de Palencia solicitando remitiera en el plazo de un mes un informe sobre la cuestión planteada en la queja, solicitud que se ha reiterado en diversas ocasiones, la última de ellas con fecha 28 de febrero de 2012, sin que hasta el momento hayamos obtenido la información solicitada”.

Al no existir respuesta alguna desde el Equipo Municipal de Gobierno se indica en el escrito que “con esta misma fecha (la del 27 de marzo) se dirige nuevo escrito al citado organismo con el fin de que el informe sea remitido en el plazo de 15 días”.

Los socialistas demandan al Partido Popular que no haga caso omiso de estas reclamaciones del Procurador del Común y remita la información solicitada para que pueda ser estudiada y resolver así las dudas que se plantean sobre los posibles incumplimientos de la Ley sobre Tráfico, Circulación de vehículos a motor y Seguridad vial.

El motivo de la queja socialista se basaba en que los controladores del Servicio Público del Estacionamiento Limitado de Vehículos (ORA), los sábados por la mañana, tramitaban las denuncias iniciales sin ser ratificadas con posterioridad por la Policía Local. Incluso en la actualidad, una vez que ha entrado en vigor la nueva Ordenanza, el Ayuntamiento ha ampliado esta forma de proceder a todas las denuncias cursadas a lo largo de la semana durante el tiempo que funcione la ORA.

El Grupo Socialista considera que las denuncias de los controladores de la ORA que no sean ratificadas por los agentes de la Policía Local son nulas de pleno derecho, por no ajustarse a la normativa vigente y a los criterios jurisprudenciales existentes.

La tesis que se mantiene desde el Grupo Socialista, en defensa del principio de legalidad y del derecho a la presunción de inocencia que contempla el artículo 24 de la Constitución, se centra en que las denuncias efectuadas por los controladores en zonas de aparcamiento limitado, al no ostentar el carácter de agentes de la autoridad, se reducen a meros testimonios, es decir, denuncias voluntarias que se formulan por cualquier persona que tenga conocimiento directo de los hechos denunciados; los cuales, si no son ratificados por los agentes de la Policía Local, carecen de fuerza suficiente para acreditar dichos hechos.

Para los socialistas, esta forma de ejercer la potestad sancionadora puede violar flagrantemente el principio de legalidad y, señalan finalmente, puede vulnerar el derecho fundamental a la presunción de inocencia.