El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Palencia ha lamentado la postura mantenida por la presidenta de la Diputación Provincial, Ángeles Armisén, al ausentarse nuevamente del pleno en el debate sobre la Calle Jardines, ante la petición del PSOE de que explicara los motivos por los que en la diputación no solo no se ausenta, sino que manifiesta su posición favorable a reclamar al consistorio la ejecución del convenio expropiatorio.

A juicio de los socialistas, Ángeles Armisén ha elegido ya el lado del que va a estar en esta cuestión, actuando además sin las mínimas reglas de lealtad institucional para con el ayuntamiento que representa. De hecho, el informe emitido por el secretario general durante el pleno de ayer pone de manifiesto que diputación no ha notificado a la entidad local la resolución firmada por la presidenta el pasado 4 de Septiembre, por la cual remitía a los servicios jurídicos la orden para iniciar un contencioso administrativo contra el ayuntamiento de la capital.

La portavoz socialista, Miriam Andrés, considera la actitud de Armisén de poco ética políticamente al estar omitiendo en todo el proceso la obligación que tiene como concejala del ayuntamiento de posicionarse a favor de los intereses de la ciudad. Para evidenciar esta postura se intentó ayer que el Pleno visualizara sus constantes ausencias en los debates sobre este asunto solicitando el Grupo Socialista la votación nominal -en vez de por grupo político- de todos y cada uno de los concejales que forman la corporación municipal, sin que prosperara la propuesta.

En este sentido, el Grupo Socialista ha mostrado su malestar con la posición que tomó el Grupo Político de Ganemos votando en contra de esta votación nominal y favoreciendo que el Grupo Popular camuflara la ausencia de Ángeles Armisén, extremo que siguen sin comprender cuando desde este grupo político se sumaron hace unos días a la petición de dimisión de la presidenta de diputación.

Desde el PSOE seguirán insistiendo en que no se puede defender intereses contrapuestos de dos administraciones, máxime cuando tanto Armisén como Polanco son los responsables de haber enquistado la situación y de haber propiciado que el ayuntamiento se encuentre ya con una deuda de más de 5 millones de euros en intereses de demora al haber instado a ambas administraciones a prorrogar el convenio hasta que el año pasado el Grupo Socialista se negó a seguir participando de esas prórrogas.

Miriam Andrés recuerda también que la presidenta se ha negado, en reiteradas ocasiones, a proyectar en los presupuestos de la institución provincial una partida relativa al cumplimiento del convenio tal y como ha venido pidiendo durante los últimos años el Grupo de Diputados del PSOE. Así que no deja de resultar paradójico que ahora, repentinamente y saltándose el acuerdo político no escrito en el que ella participó, haya decidido judicializar el conflicto de forma desleal y poco ética.