La Junta de Castilla y León está tramitando un proyecto de Ley de medidas tributarias, administrativas y financieras. Dicho proyecto contempla la creación de un Impuesto sobre la eliminación de residuos en vertedero del que serán sujeto pasivo las entidades locales.

El proyecto prevé gravar los residuos depositados en vertederos con la finalidad de “fomentar el reciclado y la valorización de los residuos”, algo cuestionable teniendo en cuenta que dicho impuesto encarecerá los costes de tratamiento de los residuos en vertedero. Y eso es más improbable aún cuando el impuesto grava más los residuos susceptibles de valorización, veinte euros por tonelada (20€/T) que los no valorizables, siete euros por tonelada (7€/T).

A juicio del PSOE, sorprende la actitud de la Junta de Castilla y León por dos motivos: el primero tiene que ver con su inactividad frente al ingente número de vertederos incontrolados a los que no se aplican sanciones como mejor medida para garantizar el tratamiento de todo tipo de residuos.

Y el segundo tiene que ver con la financiación de las administraciones locales. Lejos de clarificar la participación de los entes locales en los ingresos de la Comunidad Autónoma (PICA), la Junta de Castilla y León ha inventado la participación de la Comunidad Autónoma en los ingresos de las entidades locales con este impuesto. Todo un artilugio de ingeniería financiera.

Teniendo en cuenta que este impuesto sólo puede suponer un encarecimiento del tratamiento de los residuos para los ciudadanos de Palencia -aunque sólo sea por el hecho de detraer recursos para pagar este impuesto que podrían destinarse a los servicios municipales-, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Palencia ha presentado para su aprobación por el Pleno Municipal una moción en la que se insta a la Junta de Castilla y León a que desista de la creación del impuesto sobre la eliminación de residuos en vertedero. 

Asimismo se pide que el Pleno del Ayuntamiento de Palencia inste a la Federación Regional de Municipios y Provincias de Castilla y León a que se manifieste en contra de la creación de dicho impuesto y se dé traslado del acuerdo a los grupos parlamentarios de las Cortes de Castilla y León.