El número de altas de cuidadores no profesionales de personas dependientes en la Seguridad Social en la provincia de Palencia ha descendido en 704 desde que el Partido Popular se encuentra al frente del Gobierno de España, según una respuesta parlamentaria del Ejecutivo al Grupo Parlamentario Socialista.

Según los datos del Gobierno recogidos en esta respuesta, la evolución de cuidadores no profesionales de personas dependientes afiliados a la Seguridad Social pasó en Palencia de 751 en el año 2011 a 47 en julio de 2014. En este sentido, la senadora socialista Miriam Andrés ha señalado que el Gobierno ha llevado a cabo un “desmantelamiento de la Ley de Dependencia” y ahora, más que nunca, se hace necesario “salvar la Ley y garantizar los derechos de los dependientes”. 

El retroceso sostenido que sufre la Dependencia en España desde que gobierna el PP se hace también evidente en los presupuestos y en el número de beneficiarios: hay 2.265 millones menos para el sistema de Dependencia;  el número de beneficiarios ha descendido de 738.587 en diciembre de 2011 a 721.512 en agosto de 2014 (17.075 menos); 177.000 dependientes con derecho reconocido están desatendidos, a los que hay que añadir las 314.000 personas de Grado I, cuyo derecho a atención aún no es efectivo por el retraso en el calendario de aplicación de la Ley.

“Es necesario -ha afirmado Andrés- garantizar de forma efectiva el derecho de las personas en situación de dependencia”, y “analizar qué medidas son necesarias para mantener y garantizar la sostenibilidad del Sistema”. Un sistema que, subrayó, “genera empleo y tiene un importante retorno en la creación de puestos de trabajo, sobre todo para las mujeres”.

La senadora palentina ha denunciado también el grave deterioro del Estado del Bienestar. “Con la excusa de la crisis estamos asistiendo a un peligroso cambio de modelo que demuestra que el Gobierno de Mariano Rajoy desprecia a los más vulnerables”, ha añadido. “Se ha desentendido de las personas dependientes reduciendo drásticamente la aportación del Gobierno para financiar la Dependencia, poniendo en riesgo su sostenibilidad, recortando derechos y desmantelando la Ley”.

Andrés ha recordado que, entre otras medidas, el PP paralizó el calendario de aplicación de la Ley, impidiendo a las personas con dependencia moderada acceder a una prestación o servicio; eliminó de los Presupuestos Generales del Estado la partida para el nivel acordado, que ascendía a 283 millones; suprimieron los dos niveles en que se dividía cada grado; se redujo en un 13% la aportación del Estado para la financiación del nivel mínimo; se rebajó en un 15% la prestación económica por cuidados en el entorno familiar; se eliminó la cotización de los cuidadores no profesionales; y se introdujo la incompatibilidad de las prestaciones.

Además, se ha producido un gran retroceso en la financiación estatal del sistema, ya que de soportar el 40% del coste del sistema en 2009, la administración general del Estado ha pasado a hacerse cargo del 19% en 2013, mientras que la aportación de las Comunidades Autónomas ha crecido del 50,8 al 62% y el copago de los usuarios casi se ha duplicado.

En definitiva, ha concluido Miriam Andrés, “el Gobierno ha reducido el contenido esencial del derecho y ha realizado importantes recortes presupuestarios, con el dramático resultado de que los beneficiarios están recibiendo servicios y prestaciones claramente insuficientes, al tiempo que se encuentran sin atender cientos de miles de personas en situación de dependencia”.