El PSOE de Palencia ha denunciado la rescisión del contrato que la Consejería de Familia de la Junta mantenía con el Colegio de Abogados de Castilla y León para la asistencia jurídica gratuita a las víctimas de violencia de género. El acuerdo de colaboración arrancaba en 2005 con 250.000 euros, habiendo quedado para este año reducido a 30.000 para las nueve provincias. Estas cantidades han sido consideradas por los propios profesionales del Derecho como “irrisorias”, al igual que las aportadas desde todas las administraciones del Partido Popular a programas educativos y preventivos, lo cual está provocando un grave retroceso en una cuestión tan sensible y por la que tanto se luchó durante las dos legislaturas de José Luis Rodríguez Zapatero. 

El encuentro con la prensa de esta mañana ha estado protagonizado por la secretaria general del PSOE de Palencia, Miriam Andrés, y la secretaria de la Agrupación Local de la capital palentina, Begoña Núñez, que han recordado que, a pesar de la postura de la Junta, los nueve Colegios de Abogados de Castilla y León seguirán atendiendo de forma totalmente gratuita a través de sus Servicios de Orientación Jurídica (SOJ) a las víctimas de violencia de género durante las 24 horas del día y los 365 días del año, a pesar de que el 1 de abril finalizó el contrato a través del que desde hace más de una década, la Consejería de Familia financiaba el servicio específico de asistencia a mujeres víctimas de violencia.

El detonante de la decisión de los abogados de renunciar al contrato ha sido el hecho de que la Junta barajara, finalmente, para este año 2014 la “nimia cantidad de 30.000 euros para las nueve provincias”, en la que pretendía incluir no sólo la asistencia a estas mujeres durante todo un año y durante todos los días, sino también la organización de cursos de formación gratuitos por parte de los Colegios.

Desde el PSOE se considera que, tras esta inadmisible oferta, se esconde la verdadera intención de la Junta de privatizar el servicio y prescindir de los nueve Colegios de la región para llevar a cabo esta prestación, máxime cuando posteriormente, el Consejo de Abogados de Castilla y León ha conocido, a través de los medios de comunicación, que, frente a la cantidad que se ha puesto sobre la mesa este año (30.000€),  las nuevas entidades privadas que prestarán el servicio lo harán con el presupuesto que la Junta dedicaba en años anteriores, los mismos 50.000 euros.

Los socialistas han señalado que la forma de adjudicar el contrato a otras entidades, por una cantidad que a los letrados se les ha negado de forma directa, sin concurso público ni publicidad, es “un menosprecio” y demuestra la intención de la Junta de Castilla y León de aparecer como defensora de la mujer a costa de terceros sin realizar, realmente, esfuerzo alguno en mantener un servicio de la mejor calidad en el que durante estos años se ha prestado asistencia a miles de mujeres de las nueve provincias.