El Grupo Socialista en la Diputación Provincial pedirá en el próximo pleno que se inste al Gobierno de España a que retire la propuesta de reforma del sistema de pensiones, revalorice las pensiones en función del IPC el próximo año (y no un 0,25% como está recogido en los Presupuestos) y abra un proceso de concertación social con sindicatos y patronal, y también con los partidos políticos en el Pacto de Toledo.

Los socialistas han registrado esta mañana la moción en la institución provincial y fue dada a conocer a los representantes sindicales de la UGT de Palencia con los que se mantuvo una reunión para poner en común, entre otros asuntos, diferentes aspectos relativos a la brutal reforma laboral puesta en marcha por el Partido Popular.

Según apuntan los socialistas en la moción, con el único objetivo de frenar el gasto en pensiones, a expensas mermar el poder adquisitivo de los pensionistas, la reforma aprobada hace unos días por el Gobierno de España introduce un cambio en la fórmula de actualización anual de las pensiones, fórmula que dejará de estar vinculada al IPC como lo estaba hasta la fecha, un cambio que ya contemplan los Presupuestos Generales del Estado 2014 y que tendrá efectos muy negativos en la renta disponible de jubilados y demás pensionistas de nuestra Comunidad.

Con el sistema hasta ahora vigente y que  va a eliminar el PP, el Gobierno aprobaba cada año una subida anual del 2%, que equivalía a la inflación esperada para ese año, de tal suerte que si en noviembre el incremento del IPC superaba ese porcentaje, se compensaba a los pensionistas. Esa era la regla general, que tuvo sus excepciones en 2011, cuando se congelaron las pensiones que no eran mínimas, en 2012, cuando el actual Gobierno limitó la subida al 1% anual y no compensó por el exceso de inflación en noviembre, y en 2013, cuando el incremento inicial quedó en el 2% para los que cobran menos de 1.000 euros al mes y el 1% para el resto. Excepciones a un sistema nacido del consenso, que sin embargo el actual Gobierno de España modifica sin escuchar a absolutamente nadie.

La reforma, siguen diciendo los socialistas en su moción, sustituye este sistema por una fórmula que vincula la subida de las pensiones al diferencial entre cotizaciones y pensiones del sistema, con un suelo si hay déficit (una subida del 0,25%, poco más que la congelación de las pensiones), y un techo si hay superávit (inflación más 0,25%). En este sentido, el drama viene porque el propio gobierno de España reconoce que habrá déficit ininterrumpidamente hasta, al menos, 2018, lo que implica aplicar hasta 2019 una revalorización de las pensiones del 0,25% anual, muy por debajo del incremento medio del IPC previsto para ese período.

En este último aspecto, aunque el ejecutivo de Mariano Rajoy ha calculado el recorte en el gasto de pensiones de aquí a 2022 para una inflación media esperada del 1%, esa previsión está muy por debajo de lo probable, ya que de seguir el ritmo de crecimiento de los precios de los últimos años, la inflación estará muy por encima del 2% (de hecho, en los últimos años sólo en noviembre de 2009 la inflación ha estado por debajo del 1%). Por tanto, dando por buena una inflación media estimada del 2% de aquí al 2019, una subida del 0,25% de las pensiones conlleva una pérdida de poder adquisitivo del 1,75% anual. Este dato implica a mayores que para recuperar el poder adquisitivo perdido serán necesarios siete años de superávit por cada año de déficit, es decir, serían precisos 42 años de bonanza del sistema para compensar a los pensionistas su pérdida de poder adquisitivo de aquí a 2019. 

En términos agregados, el cálculo de los recursos que los pensionistas castellanos y leoneses van a perder por esta reforma es sencillo. Si para esa inflación se estima que el recorte en pensiones puede llegar a ser de 70.000 millones de euros en toda España de aquí al 2022, a Castilla y León la toca perder en torno a 4.700 millones de euros en esos ocho años. 4.700 millones de euros menos que dejaran de ser consumidos (o ahorrados para luego ser susceptibles de ser prestados para financiar consumo o inversión), con un impacto macroeconómico negativo muy importante (no en vano equivale al 50% del presupuesto anual de la Junta de Castilla y León).

Las nefastas consecuencias de esta reforma -concluyen desde el PSOE- serán mucho más graves en Palencia que en la mayor parte del territorio nacional, no en vano somos una de las provincias más envejecidas de España, con un número muy elevado de jubilados (24.000, el 0,44% del total) y de pensionistas en general (41.000). Así, si la inflación media anual fuese del 2% de aquí a 2019, a cada jubilado palentino el Gobierno de España le detraerá 239 euros de su pensión en 2014, pérdida de renta que irá creciendo hasta los 1.514 euros en 2019. Una muy relevante pérdida de renta disponible que sumar a las ya producidas por las subidas de impuestos, por el copago de un buen número de medicinas, por la supresión de las ayudas a la Dependencia, etc….