Las Cortes de Castilla y León aprobaron hoy por unanimidad un acuerdo de Comunidad que se remitirá al Gobierno central en el que se pide un trato específico y singular para la Comunidad en la reforma local, ya que tiene uno de cada cuatro municipios de España y es una de sus señas de identidad regional. La proposición no de ley presentada por el Grupo Socialista, en la que se pide la retirada del anteproyecto del Ejecutivo, con una enmienda de los ‘populares’, recibió el voto de toda la Cámara en un nuevo pacto en defensa del mundo rural y de sus competencias.

La presentación del texto estuvo cargada de felicitaciones entre los intervinientes y aplausos desde las bancadas de los procuradores por este consenso de comunidad (78 votos de los presentes) en contra de la reforma local del Gobierno central, texto que se une al informe crítico que ya remitió la Junta de Castilla y León en contra del anteproyecto de ley para la racionalización y sostenibilidad de la administración local.

"Junto al informe crítico de la Junta, el Gobierno tiene ahora otro informe crítico de comunidad, que tiene el voto unánime de esta Cámara", destacó el procurador socialista Francisco Ramos al subir a la tribuna de oradores para presentar el acuerdo fraguado a partir de su proposición no de ley. Ramos criticó que la reforma local estatal deje a los ayuntamientos con funciones que tenían en la etapa franquista y pierdan materias sociales que son su seña de identidad.

En tal sentido, censuró del texto del Gobierno que se jerarquicen las relaciones entre las instituciones, que se intervengan servicios de municipios de menos de 20.000 habitantes, que se engorde a las diputaciones, que se precarice a las mancomunidades, que se valore el servicio en función del coste estándar o que no se garantice el empleo local. "Es un ataque a los pequeños municipios que tiene un componente ideológico, que no comparte ni el PP en esta Cámara", concluyó.