El Grupo Socialista en la Diputación Provincial propondrá en el próximo pleno que se inste al Gobierno de España a que retire el Anteproyecto de Ley para la racionalización y sostenibilidad de la administración local, por suponer un desmantelamiento de los servicios sociales así como de promoción a la mujer que prestan las corporaciones locales, al eliminar muchas de las competencias que tenían atribuidas hasta ahora.

Desde el PSOE se insta también en la moción presentada esta mañana a reafirmar la autonomía municipal entendida como la capacidad de decisión en todos los ámbitos de la vida ciudadana, sin perjuicio de la necesaria coordinación de competencias entre administraciones, bajo los principios de calidad del servicio, proximidad y subsidiariedad. Incluyendo por lo tanto las políticas sociales, las de igualdad y las de prevención y asistencia a las víctimas de violencia de género. Para ello se solicitará al pleno que se inste al Gobierno de España a que abra un proceso de diálogo y consenso para la reforma de la Ley de Bases de Régimen Local con todos los grupos parlamentarios, los sindicatos y la FEMP.

Según se apunta por parte de los diputados socialistas, el Anteproyecto de Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local planteado por el Gobierno del PP  elimina, en la práctica, las competencias que sobre los servicios sociales y sobre materia e igualdad y protección a la mujer, ejercen los ayuntamientos españoles.

La propuesta de reforma local del PP pone en jaque la base del municipalismo y del modelo que ha garantizado la cohesión social de nuestro país durante los últimos 30 años. Supone un cambio profundo en la organización del Sistema Público de los Servicios Sociales, que afecta al reparto y la relevancia de la Administración Local en el conjunto de las actuaciones del Estado, desposeyéndola de todas sus facultades de acción en este ámbito, uno de los más importantes para construir una comunidad y donde es esencial la proximidad y cercanía para la prestación de los servicios. Y además usurpa a  los ayuntamientos las competencias en materia de Igualdad, dejando de manifiesto su burla hacia las políticas de Mujer y de atención a las víctimas de violencia de género.

El Gobierno pretende hacerlo, además, en un momento en que las cifras de pobreza en España son cada día más dramáticas. En la actualidad, 1 de cada 5 personas viven en nuestro país por debajo del umbral de pobreza. 

De llevarse a cabo en los términos planteados en el Anteproyecto, la reforma implicaría el cierre de muchos servicios y el despido del personal cualificado (trabajadores y educadores sociales) que hasta ahora trabajaba en los ayuntamientos. 

También se marginaría a los ciudadanos que viven en el medio rural al eliminar cualquier servicio social de los pueblos con menos de de 20.000 vecinos (incluso los servicios sociales de asistencia inmediata dejan de ser de carácter obligatorio en los municipios pequeños) en aras de una pretendida mayor rentabilidad, y traspasar dichas competencias directamente a las diputaciones provinciales.

El anteproyecto suprime el artículo 28 de la actual Ley de Bases de Régimen Local, que permite a los municipios “realizar actividades complementarias de las propias de otras administraciones públicas y en particular las relativas a la educación, la cultura, la promoción de la mujer, la vivienda, la sanidad y la protección del medio ambiente”. La supresión de este artículo va a provocar que desaparezcan los Centros municipales de la Mujer, Centros de Atención e información a mujeres maltratadas, que dejen de realizarse Programas de Empleo femenino, etc. Además, desaparecerán servicios municipales que facilitan a la mujer la conciliación laboral y familiar, como son la atención y cuidado de la tercera edad y la dependencia, la educación de 0 a 3 años, etc. 

El artículo 27.2 del Anteproyecto de Ley impide que los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes  puedan ejercer “por delegación de la Comunidad Autónoma” la promoción de la igualdad de la mujer. Asimismo impide que los gobiernos locales puedan intervenir en la prevención y la detección de la violencia de género, restando eficacia al no poder intervenir la institución más cercana a la ciudadanía. 

La propuesta de reforma local del Gobierno del Partido Popular supone -sigue diciendo el PSOE- un paso atrás sin precedentes en la implementación de las políticas de igualdad y contra la violencia de género en nuestro país, y limita la autonomía local para responder a las demandas ciudadanas. La reforma propuesta por el PP trata, pues, de acabar con todos los servicios municipales relacionados con la promoción de la mujer.

En la reforma local del PP se adivina el anhelo privatizador de los servicios sociales al mencionarse explícitamente el objetivo de “favorecer la iniciativa económica privada evitando intervenciones administrativas desproporcionadas”. De hecho, el texto del Anteproyecto consagra una visión exclusivamente economicista de las funciones mismas del Estado, y en especial de las Entidades Locales, al citar la estabilidad presupuestaria como principio rector que debe presidir las actuaciones de todas las Administraciones públicas en vez de situar la atención los ciudadanos/as y la calidad en la prestación de servicios en el centro de la reforma.

El anteproyecto de ley que presenta el Gobierno del PP -concluye la moción- no consigue, pese a su denominación, evitar las duplicidades, aclarar las competencias municipales, garantizar su financiación, ni producir un ahorro a las arcas públicas. Lo que el PP propicia es facilitar el traspaso de competencias de los Ayuntamientos, sobre todo de menos de 20.000 habitantes, a las Diputaciones Provinciales. Y, tras ese primer trasvase, privatizar los servicios públicos locales, mediante el otorgamiento de concesiones administrativas a empresas, por parte de las Diputaciones que hayan  asumido las competencias de los ayuntamientos.