El vicesecretario del PSOE de Palencia, Julio López, y el secretario de organización, Jesús Guerrero, han presentado esta mañana las iniciativas emprendidas en los últimos días por parte de los socialistas en las diferentes administraciones para elaborar una normativa que proteja a los ciudadanos frente a los desahucios.

López lamentó los datos sobre ejecuciones hipotecarias recogidos el pasado año, en los que se evidencia que Palencia se convirtió en la segunda provincia española donde se dio un mayor crecimiento de este tipo de procesos con un incremento del 87 %, frente al 32 % de media en Castilla y León y el 17 % en España.

Según apuntaron los socialistas, los desahucios son dramas humanos que sufren miles de familias y constituyen el último eslabón de la cadena de consecuencias que genera la situación económica y la política de recortes emprendidas por el Gobierno de España. 

Desde el PSOE se ha recordado que en las últimas semanas, se ha registrado una ILP en el Congreso de los Diputados, con más de 1.500.000 de firmas, solicitando la modificación de la normativa referente a los desahucios, evidenciando la preocupación existente sobre este problema entre los ciudadanos. El artículo 47 de la Constitución Española establece que “todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada”. Igualmente, exhorta a los poderes públicos a promover las condiciones necesarias y establecer las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general, para impedir la especulación.

El artículo 16.14 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León  establece el acceso en condiciones de igualdad de todos los castellanos y leoneses a una vivienda digna mediante la generación de suelo y la promoción de vivienda pública y de vivienda protegida, con especial atención a los grupos sociales en desventaja. 

Por su parte, hace escasos días, el gobierno andaluz ha aprobado el Decreto-Ley 6/2013, de 9 de abril, de medidas para asegurar el cumplimiento de la Función Social de la Vivienda, Decreto que promueve la intervención en el mercado inmobiliario andaluz en aras de proteger a los ciudadanos andaluces y de buscar la ansiada función social de la vivienda que vienen demandado asociaciones como la PAH. Esta función social se logrará a través de la expropiación o bien de viviendas vacías o bien de viviendas ocupadas por inquilinos que fueran a ser desahuciados. 

Las medidas previstas giran sobre dos ejes: el fomento del alquiler y la expropiación temporal de las viviendas para garantizar la protección de las familias en riesgo de exclusión social. Por ello se propone sancionar económicamente a aquellas personas jurídicas que tengan viviendas vacías, la prohibición de los desahucios durante tres años como mínimo y el alquiler frente a la burbuja inmobiliaria. Fomento del alquiler en las viviendas de stock de viviendas vacías.

Por todo ello el grupo socialista ha presentado iniciativas parlamentarias tanto en la Junta como en la Diputación en las que se insta al Gobierno de España y a la Junta de Castilla y León a que elaboren una normativa básica que contemple la función social de la vivienda y proteja a los ciudadanos, recogiendo las medidas incorporadas en el Decreto Ley 6/2013, de 9 de abril de la Junta de Andalucía, de medidas para asegurar el cumplimiento de la Función Social de la Vivienda.