El PSOE se ha declarado en las Cortes de Castilla y León rotunda y unánimemente a favor de la prohibición de la extracción de cualquier tipo de hidrocarburo mediante facturación hidráulica, mientras no haya una cobertura legal adecuada y garantías técnicas suficientes para preservar la salud de las personas, del medio ambiente y de los territorios

El grupo parlamentario socialista defendió ayer en la Comisión de Fomento y Medio Ambiente de las Cortes de Castilla y León dos iniciativas parlamentarias instando a la Junta a que, en aplicación de los principios de precaución y actuación cautelar, no admita a trámite ninguna solicitud de investigación de proyectos de extracción de hidrocarburos mediante fracturación hidráulica, en la provincia de Palencia.

Los socialistas solicitaron, igualmente, que desde la institución autonómica se inste al Gobierno de España a anular el permiso concedido a la empresa Petroleum Oil y Gas España S.A, “Bigüenzo” que afecta entre otros a los Ayuntamientos palentinos de Aguilar de Campoo y Pomar de Valdivia; y a declarar la provincia de Palencia, libre de explotación de hidrocarburos, por medio de la técnica de fracturación hidráulica o fracking. Todo ello mientras no existan garantías científicas y ambientales suficientes que avalen la preservación de los acuíferos, de la salud pública y del medio Ambiente.

Según se apuntó desde el PSOE, los  ciudadanos de Palencia no están de acuerdo con la otorgación de los permisos, que se concedieron de espaldas a los ayuntamientos y a los ciudadanos afectados. “No quieren fractura hidráulica y así lo están manifestando con la aprobación de catorce mociones en otros tantos Ayuntamientos de la provincia de Palencia, -en Brañosera, Barruelo de Santullán, Aguilar de Campoo, Pomar de Valdivia, Salinas de Pisuerga, Cervera de Pisuerga, San Cebrián de Mudá, Guardo, Frómista, Osorno, Astudillo, Magaz de Pisuerga y La Puebla de Valdavia-, incluida la de la Diputación de Palencia respaldada por todos los grupos políticos”, señaló la procuradora palentina, Mª Sirina Martín Cabria, encargada de la defensa de las iniciativas socialistas.

La procuradora por Palencia pidió a los parlamentarios populares, especialmente a los palentinos que atiendan la voz y los intereses de los ciudadanos de Palencia, en vez de hacer seguidismo de los intereses de la Junta de Castilla y León, que no son otros que los intereses del PP y del Gobierno de Madrid, donde no saben ni sabrán lo que es el fracking porque están a buen recaudo de él. “El ministro Soria nunca tendrá que vivir con el riesgo de contaminación del agua, de la tierra y del aire pegado a su puerta, con el riesgo de enfermedad pegado a su salud, con el riesgo del desmantelamiento de los sectores productivos tradicionales, porque vive en Madrid y allí no se va a perforar. Vienen  a perforar aquí, a Castilla y León, a Palencia”, lamentó Martín Cabria.

Desde el PSOE se volvió a denunciar las políticas del Partido Popular respecto de Castilla y León y de Palencia al potenciar y consentir la instalación de incineradoras, Vertederos, Centros de tratamiento de residuos peligrosos y ahora plataformas de fracturación hidráulica o fracking en nuestro territorio con el beneplácito y la conformidad de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente  a los intereses políticos y económicos de grandes empresas de residuos e hidrocarburos, que apenas generan riqueza y empleo y por el contrario ponen en riesgo el desarrollo endógeno y sostenible de los tradicionales sectores productivos de nuestra provincia, la agricultura, la ganadería, el turismo y la industria agroalimentaria. 

Los socialistas sienten que el grupo parlamentario popular haya rechazado estas iniciativas y anuncian que seguirán apelando a la responsabilidad y la capacidad de la Junta de Castilla y León de declarar esta Comunidad Autónoma libre de Fracking, con una prohibición o moratoria mientras no haya garantías técnicas probadas y suficientes sobre la seguridad de esta técnica para las personas, el medioambiente y los territorios, como ya hicieran otras comunidades autónomas como Galicia, Asturias y Cantabria -que el pasado 26 de marzo aprobó por consenso de todas la fuerzas políticas la primera ley de prohibición de fracking de España-.