El portavoz socialista de Justicia y diputado palentino, Julio Villarrubia, ha explicado los argumentos por los que el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado una enmienda a la totalidad al Proyecto de Ley Orgánica por el que se modifica el Código Penal, en materia de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y lucha contra el fraude fiscal y en la Seguridad Social.

En declaraciones a los medios de comunicación en el Congreso, el portavoz socialista ha afirmado que el texto de este proyecto de ley “es un grave atropello a trabajadores, desempleados y pensionistas sin precedentes en nuestra democracia”, y ha indicado que pese a su denominación “pomposa”, “el título tiene poco que ver con su contenido”.

Villarrubia ha subrayado que dicho proyecto es “injusto y probablemente inconstitucional”, porque “da impunidad a los grandes defraudadores” y “da cobertura legal a la amnistía fiscal aprobada en marzo por Real Decreto Ley”, violentando la reserva de ley orgánica en materia penal.

El diputado del PSOE ha calificado de “barbaridad” la reforma de la ley porque “el que tiene dinero y paga puede defraudar”, ya que se introduce una excusa absolutoria en el tipo penal que hace desaparear el delito. Además, ha añadido que si ya has sido imputado y pagas, te pueden rebajar uno o dos grados la pena.

Villarrubia ha dicho que se trata de un “auténtico despropósito”, pero ha señalado que la parte más grave es que, “por primera vez, este Gobierno pretende criminalizar a los trabajadores, a los desempleados y a los pensionistas, considerando delito con pena de seis meses a tres años, cualquier conducta por pequeña que esta fuera y que constituyera una infracción a la Seguridad Social en lo relativo a las prestaciones”.

Para el responsable socialista “este Gobierno equipara el delito fiscal de un empresario, exigiendo que tenga que ser 120.000 euros o más, la cantidad defraudada, al de un desempleado que teóricamente y con un euro sería conducta delictiva, por primera vez en la historia de nuestra democracia”. Por esta razón ha subrayado que se trata del “derecho penal de los millonarios y es una ley injusta y probablemente inconstitucional”.

Así, ha hecho hincapié en que es “un atropello intentar criminalizar conductas reprochables, pero ya sancionadas en el orden social”.

Por último, ha dicho que “estamos una vez más ante leyes injustas, con un tinte ideológico de esta derecha pura y dura que está gobernado y llevando a tantos sacrificios a los ciudadanos españoles”. “A los trabajadores ya no sólo se les persigue con la contrarreforma laboral recortando sus derechos, ya que ahora, “también se les quiere criminalizar desde el punto de vista penal, junto a los pensionistas y a los desempleados”, algo absolutamente “intolerable e increíble” en el año 2012 en nuestro país.