El Grupo de Diputados del PSOE en la institución provincial ha registrado una moción en la que se solicita el mantenimiento del Servicio de Ayuda a Domicilio en las mismas condiciones que se ha venido ofreciendo en los últimos años.

Los socialistas debatirán la moción en el pleno del próximo jueves y pedirán expresamente que se rechace la reducción unilateral de la financiación de los servicios sociales de Palencia por parte de la Junta de Castilla y León, exigiendo a la institución autonómica un Acuerdo Marco de Servicios Sociales que contemple una financiación similar a la que existía en los ejercicios anteriores, que es la mínima imprescindible para mantener unos servicios sociales y especialmente un SAD de calidad.

Según se afirma por el PSOE en su moción, el Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) ha beneficiado a miles de ciudadanos en nuestra provincia desde hace aproximadamente 25 años. Su finalidad siempre ha sido el mantenimiento de la autonomía personal y la prevención del deterioro de las condiciones de vida de personas de avanzada edad o con minusvalías, dentro de su entorno habitual.

Fueron los ayuntamientos a través de los CEAS los que inicialmente aplicaron este recurso público de carácter social, desarrollando de manera importante los servicios sociales y demostrando que las entidades locales son capaces de gestionar estas competencias con eficacia, y fundamentalmente con cercanía y sensibilidad hacia sus vecinos.

Posteriormente, hace poco más de una década, la Junta de  Castilla y León retiró está competencia a los Ayuntamientos menores de 20.000 habitantes y la provincializó en las Diputaciones, que son las administraciones que hasta ahora la siguen gestionando. Desde entonces se ha producido un doble efecto. En primer lugar la privatización del servicio, cuando con anterioridad se gestionaba directamente por los ayuntamientos y los trabajadores sociales de los CEAS, y en segundo lugar ha sido imposible conocer públicamente el número exacto de demandantes del servicio en el conjunto de la provincia, así como la lista de espera de los solicitantes del mismo.

La financiación del SAD se hace como establece la legislación, inicialmente mediante las transferencias económicas de la Junta de Castilla y León a cada ayuntamiento cabecera del CEAS y posteriormente a la Diputación Provincial. Para ello se viene firmando el denominado Acuerdo Marco de financiación de los Servicios Sociales, que establece las cantidades a percibir por cada Diputación y Ayuntamientos de más de 20.000 habitantes en el conjunto de la comunidad Autónoma de Castila y León. Sin embargo en los últimos años la Junta retrasa constantemente sus transferencias creando un serio problema de financiación y viabilidad a la prestación del SAD en la Diputación de Palencia. De hecho a finales del mes de julio todavía no se había ingresado el 50 % de las cantidades correspondientes al año 2011, y no se había firmado el convenio marco para el año 2012, a pesar de que el SAD y los demás servicios sociales asociados se deben de prestar ininterrumpidamente. 

Los socialistas muestran en la moción su temor a que, de ahora en adelante, sólo se conceda este servicio a las personas que tengan reconocido grado y nivel suficiente de dependencia, perdiendo así su carácter de servicio social básico y su carácter preventivo.

En realidad lo que ha pasado, apuntan desde el PSOE, es que la Diputación se ha fiado de la financiación anunciada por parte de la Junta de Castilla y León para el Acuerdo Marco de Servicios Sociales y sin embargo en contra de lo comprometido la Junta está reduciendo la financiación total. Un agujero con el que no contaba la Diputación. Es decir que la Junta ha creado un grave perjuicio de financiación da la Diputación. Y a su vez esta situación puede dar lugar a que el SAD deje de ser un servicio social básico y a gestionar esta prestación sólo a través de la dependencia. 

El deterioro de este servicio está siendo muy grande, en un par de meses se les ha comunicado a los usuarios una fortísima subida de sus aportaciones o copago -en algunos casos de hasta el 250%- y además se les reduce la intensidad de la prestación o incluso la posibilidad de tenerlo si no alcanzan un grado de dependencia severa. Las consecuencias son que debido a su alto coste algunos usuarios han reducido o renunciado al servicio y que debido a la pérdida de intensidad algunos optarán por servicios privados o incluso sumergidos, que merman sin duda la calidad y no garantizan la prestación adecuada de los servicios.

La Junta y de la Diputación, concluyen los diputados socialistas, se están cargando un servicio que ha sido bandera de los servicios sociales básicos, que ayuda a mantener población y empleo en el medio rural y que era el más conocido y mejor considerado por los ciudadanos.