Los procuradores socialistas por Palencia, Jesús Guerrero, Consolación Pablos y Rubén Illera, se han interesado en las Cortes de Castilla y León por la situación por la que atraviesan las zonas básicas de salud de Herrera de Pisuerga, Frómista y Osorno que desde el pasado día 1 han vuelto a quedar sin consulta pediátrica.

Desde el PSOE se ha reiterado la necesidad de ofrecer una solución definitiva a un problema ya arrastrado desde hace meses e incluso años en otras zonas sanitarias como Guardo y Aguilar de Campoo, a las que se suman ahora estas tres agrupaciones que engloban más de 12.000 tarjetas sanitarias repartidas entre 55 municipios y un total de 96 pueblos.

Desde finales del pasado mes de Febrero, estas tres zonas básicas de salud dejaron de contar con especialista de pediatría. Hasta entonces compartían el mismo profesional para sus consultas pediátricas. Después de varias semanas sin atención, la Consejería estableció, de modo provisional y hasta que se cubriera nuevamente la plaza, distintas soluciones. Por ejemplo, la Zona Básica de Herrera acudía al Centro de Salud de Aguilar, en otros casos atendía el médico de familia. Sin embargo, a partir de Septiembre la solución provisional de Herrera ya no se va a seguir dando, quedando de nuevo sin consultas pediátricas.

Especialmente crítica resulta la atención en el centro herrerense ya que aglutina a un total de 51 localidades y más de 5.000 tarjetas sanitarias y donde la asistencia infantil resulta deficitaria e incierta desde hace ya mucho tiempo.

Los socialistas exigen que se resuelva de inmediato este problema para evitar que se perpetúe en el tiempo como ya ha ocurrido en otras ocasiones en las que ni las críticas políticas ni las demandas ciudadanas han sido tenidas en cuenta. 

Para el PSOE, los responsables de la Junta de Castilla y león demuestran una vez más el nulo interés por mantener los servicios sanitarios en el medio rural de la provincia, dejando abandonados a sus ciudadanos, en este caso a cientos de niños y niñas de estas tres zonas que requieren de una atención médica especializada que es negada sistemáticamente por la administración autonómica.