El Grupo Socialista en la Diputación Provincial solicitará en el próximo pleno de la institución que se inste a la Junta de Castilla y León a que se realice una evaluación global y conjunta del impacto ambiental que supondrán todos los proyectos de granjas industriales de la empresa “Decamed Trading S.L.”, al considerar que no se trata de propuestas aisladas, sino un conjunto interrelacionado que acumulará sus efectos negativos hacia el medio ambiente.

Desde el PSOE se recuerda que la empresa ha proyectado para la provincia de Palencia en su zona nororiental la construcción de 14 macrogranjas porcinas. La finalidad de dichos proyectos, sus desproporcionadas dimensiones, su diseño y su estrategia de situación en pueblos muy pequeños hacen que el estudio deba ser algo fundamental para evitar las graves consecuencias que su instalación podría acarrear.

Se trata, añaden, de explotaciones de ganadería super-intensiva y sus repercusiones en las zonas donde se instalan en cuanto a olores, consumos de agua, contaminación del suelo y acuíferos, emisión de gases de efecto invernadero y posibles focos de infección suponen un duro varapalo para el medio rural, ya gravemente afectado por la despoblación.

No bastando con esto, y con el gran tamaño individual de una sola factoría, esta empresa propone la realización de 14 macrogranjas con 113.000 animales, nada más y nada menos, en una zona de menos de 40 kilómteros de distancia lo que hace que el impacto en toda la comarca de los Ríos Ojeda y Boedo, por ende a la zona superior del Rio Pisuerga y el Canal de Castilla puede tener consecuencias irreparables en un breve espacio de tiempo.

Para el PSOE, la concentración en las ubicaciones, la promoción por parte de una sola empresa y la igualdad tan absoluta de los proyectos hacen que deban ser tomados como un único proyecto que se trocea en varios para intentar eludir tramites o facilitar modificaciones de ley si bien la realidad será otra bien distinta. 

Los diputados socialistas apuntan, finalmente, que la legislación actual establece la obligatoriedad del promotor a elaborar el estudio de impacto ambiental estableciendo la identificación, descripción, análisis y, si procede, cuantificación de los posibles efectos significativos directos o indirectos, secundarios, acumulativos y sinérgicos del proyecto sobre los siguientes factores: la población, la salud humana, la flora, la fauna, la biodiversidad, la geodiversidad, el suelo, el subsuelo, el aire, el agua, el medio marino, el clima, el cambio climático, el paisaje, los bienes materiales, el patrimonio cultural, y la interacción entre todos los factores mencionados, durante las fases de ejecución, explotación y en su caso durante la demolición o abandono del proyecto.