La responsable de Mundo Rural de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, Concha Andreu, ha afirmado hoy que los Presupuestos Generales del Estado son "insostenibles" e "injustos", además de estar llenos de "remaches".

Andreu ha ofrecido una rueda de prensa en Palencia antes de participar en una asamblea abierta sobre los Presupuestos Generales del Estado, en la que ha afirmado que el documento que defiende el PP "no tiene ninguna base sólida", entre otras cosas, porque no plantea ningún proyecto para que la economía española "prospere".

En opinión de la dirigente socialista los PGE sólo saldrán adelante porque al PP y a Ciudadanos les interesa mantener "las desigualdades sociales". "El Gobierno no considera crear una estructura productiva que nos lleve a los momentos previos a la crisis", ha asegurado en su comparecencia junto a la secretaria provincial del PSOE, Miriam Andrés. El borrador tampoco contempla, según los socialistas, políticas de apoyo directo a la Educación, ni políticas industriales.

Además, Andreu ha explicado que los Presupuestos del PP no tienen "una base justa" porque ni siquiera se plantean la recuperación del Estado del Bienestar, sino que contribuyen aún más a construir "un país desigual".

En este sentido ha recordado que según los últimos datos del INE España es el país europeo con mayor número de trabajadores pobres y que, según numerosos informes, España es uno de los tres países de Europa con mayor pobreza infantil. "Y en los Presupuestos no hay nada para corregirlo", ha apuntado. Algo que, según Andreu, demuestra que al PP y a Ciudadanos les interesan las desigualdades y que la brecha entre ricos y pobres sea cada vez mayor.

Además, ha añadido que el plan para financiar estos presupuestos "no está nada claro y flojea por todas partes" incluyendo "regalos fiscales" a las grandes empresas.

Frente a esto el PSOE propone "construir un proyecto económico productivo" y mayor inversión en bienestar social para reducir las desigualdades. Para ello proponen un aumento del gasto en 8.000 euros, que saldrían de la lucha contra el fraude fiscal (1.500 millones) y de impuestos complementarios (6.500 millones), además de un ahorro de 2.500 millones a través de "una mayor eficiencia" en el gasto público.