El Grupo de diputados del PSOE en la Institución Provincial solicitará en el próximo pleno que se inste a la Junta de Castilla y León para que demande al Gobierno Central el mantenimiento del servicio de Registro Civil como un servicio público único, estatal, gratuito y atendido por los funcionarios de la Administración de Justicia, manteniéndose todas y cada una de las oficinas existentes en la actualidad, es decir con la misma implantación territorial, incluidas las de los Juzgados de Paz y Agrupaciones de Secretarías, con una gestión directa, sin intermediarios y de forma próxima al ciudadano.

Desde el PSOE se recuerda en la moción que el 30 de junio de 2017 finaliza la prórroga de la vacatio legis de la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil, que, así, entrará en vigor seis años después de su aprobación. Durante este plazo el Ministerio de Justicia debía adaptar el Registro Civil al nuevo escenario, dado el alcance del cambio que suponía la Ley. En fecha 7-2-2017, hubo una mesa sectorial donde por parte del Ministerio se fijo los ejes sobre los que va pivotar la reforma de la Ley y ha traslado el texto con las modificaciones necesarias para que entre en vigor el próximo 30 de junio.

En esa reunión ya se evidenció la contraposición existente entre el eje definido por la Dirección General y la nueva redacción que se le iba dar a la disposición transitoria octava que facultaba a las Comunidades Autónomas en función de sus posibilidades organizativas, técnicas y presupuestarias al desarrollo territorial organizativo y una vez desarrollado el programa informático.

Para el PSOE las aplicaciones informáticas que se están desarrollando no pueden valer como excusa para alejar el servicio de la ciudadanía y que se pierdan puestos de trabajo de personal especializado en materia de registro civil. Además de no tener en cuenta la idiosincrasia del territorio castellano y leonés debido a la dispersión geográfica y la media de edad.

La supresión de las competencias de Registro civil a los Juzgados de Paz en nuestra provincia afecta de forma evidente a la ciudadanía del medio rural que, en la mayoría de los casos,  tendría que desplazarse para trámites ordinarios.

Desde el PSOE se considera que el verdadero argumento del Ministerio de Justicia no es el empleado continuamente de una mayor eficiencia y optimización de recursos, sino un ahorro económico a costa de los administrados, una reducción en la inversión en justicia y el alejamiento de la justicia de los ciudadanos.

Los diputados socialistas consideran en la moción que la modernización del Registro Civil, con el desarrollo de una nueva Plataforma Informática de Acceso, para ciudadanos, organismos y Administraciones, no puede suponer ni la destrucción de oficinas registrales ni la de los puestos de trabajo asociados a las mismas, ni por supuesto contribuir al declive de las zonas rurales, por el envejecimiento de su población y la brecha tecnológica que padecen (el mundo rural supone el 90% del territorio nacional), debiéndose agilizar, asimismo,  con carácter urgente la reversión al ámbito de los Registros Civiles, de forma exclusiva, y en sus respectivos ámbitos territoriales, de las competencias entregadas a registradores y notarios sobre los expedientes de nacionalidad y expedientes matrimoniales, entre otros.